Más allá da las declaraciones de Javier Milei, en las que sugirió que el fallo de Loretta Preska era consecuencia de una mala actuación de Axel Kicillof -en ese momento, cara visible del proceso de expropiación- ayer el vocero presidencial finalmente confirmó que la estrategia impulsada por el Ejecutivo irá en línea con la desplegada por gobiernos anteriores.

“El Gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza Prezka (sic) y trabaja en la apelación. La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles. Fin”, tuiteó ayer a la noche Manuel Adorni.

Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que preside el exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano, coincidieron en que litigar es la estrategia que corresponde, al tiempo que advirtieron por el peligroso escenario que podría abrir el exabrupto del Presidente. Esto es, que el Estado argentino se siente a negociar con los demandantes, encabezados por el fondo buitre Burford Capital junto a Eton Park.

Una medida de ese tipo -ampliaron- implicaría que Argentina acepta, finalmente, las razones del litigio. “Sería algo realmente gravísimo porque sentaría un precedente incluso para otros casos y sería muy difícil luego de retrotraer”, afirmaron los especialistas en Energía y Geopolítica.

Pero además, desde el Instituto aventuran que justamente esa podría ser la verdadera intención de los fondos buitre detrás de la exigencia “estrambótica e ilegítima” de que el Estado argentino entregue su paquete accionario mayoritario del 51%.

En esa línea, explicaron que el planteo que sostienen los demandantes desde el inicio del proceso, de que no se respetó el estatuto de la propia YPF al llamar a concurso solo a Repsol y no a todos los accionistas, es “sofística”. Así, porque la ley que declara de interés público la expropiación “cumple con todo lo normado por el artículo 17 de la Constitución Nacional”.

“En Argentina, como en muchos países, la expropiación es un instituto de rango constitucional, y hay una preeminencia del derecho público, que tiene que ver con un acto soberano del Estado”. Además, este tiene “jerarquía sobre una situación que pueda ser alegada por actores privados que se han visto, entre comillas, perjudicados porque no se realizó una oferta pública”, precisaron.

La mejor estrategia

Ante este panorama, desde el IPYPP explicaron que lo que debe hacer Argentina es litigar: apelar en segunda instancia e incluso ir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y, en paralelo, actuar en la jurisdicción nacional. De esta forma, a partir de una cautelar presentada en la Corte que proteja la decisión soberana que la República Argentina tomó en su debido momento.

“Esto incluso lo ha dicho el ex procurador Saravia Farías, que ocupó ese cargo durante el gobierno de Mauricio Macri”, acotaron.

La posición argentina tuvo otro apoyo que para el IPPyP es clave: el del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en noviembre del 2024 se presentó como Amicus Curiae (amigo del Tribunal) en la causa y le pidió a la jueza Loretta Preska que rechace el pedido de Burford y otros demandantes para quedarse con activos de la petrolera, alegando que una resolución así violaría las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos.

De cara a la estrategia que Argentina plantee hacia el futuro, otra pregunta que se abre en quién llevará adelante el proceso luego de que el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, se declarara incompetente para actuar en el caso, debido a que su exsocio, el constitucionalista Alberto B. Biachi, anteriormente intervino en el juicio a favor de Burford Capital.

Desde el IPyPP, aseguraron que en el organismo hay otros funcionarios de carrera idóneos, entre ellos, el subprocurador Julio Pablo Comadira. Y en relación a los tiempos, calcularon que como Argentina va a apelar, es probable que el proceso entre en un período de hibernación o stand by, por al menos un año o un año y medio.

Burford y los Ezkenazi

Por último, desde el Instituto que coordina Lozano, pusieron el foco en otro punto débil del juicio contra Argentina: el modo irregular en que Burford se metió en el proceso, a partir de la venta de los derechos a litigar por parte del Grupo Petersen de la familia Ezkenazi, que a la vez se hizo de la propiedad del 25% de las acciones de YPF, en 2008, de una manera “por lo menos extraña”. Algo que durante el Gobierno de Cristina Kirchner “no se explicó adecuadamente”.

En ese sentido, para hacerse de ese 25%, el Grupo que no tenía ningún tipo de experiencia en la industria hidrocarburífera, se comprometió a ir pagando lo que en dólares representaba esa tenencia a partir de la rentabilidad de los dividendos que la empresa YPF generara.

Todo esto, además, con la gravedad de que ese grupo “todavía está operando”. “Tal vez, con la perspectiva de obtener algún tipo de de utilidad o de rentabilidad producto de este trámite judicial”, sostuvieron desde el Instituto.

“En los últimos tiempos, se ha sabido que las empresas de Esquenazi tienen el 30% del litigio, o sea, que no vendieron totalmente los derechos a Burford Capital, sino un 70%. Con lo cual, uno podría colegir que Burford Capital y Peterson son socios en este en este esquema”, advirtieron.

Fuente: canalabierto.com.ar