Asfixia provincial: El gobierno nacional recortó un 87,7% las transferencias discrecionales a las provincias en junio
En un nuevo y deliberado avance contra las finanzas de los estados provinciales, la administración de Javier Milei ejecutó un drástico hachazo del 87,7% real sobre las transferencias no automáticas durante el mes de junio, marcando el peor registro para este período en los últimos 21 años. De acuerdo con datos fiscales recientes, el Poder Ejecutivo nacional profundizó la asfixia financiera al congelar por segundo mes consecutivo el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una de las herramientas clave para la asistencia de urgencia a las gobernaciones. Si bien la provincia de Corrientes figuró entre las jurisdicciones que recibieron partidas residuales (unos 5.014 millones de pesos destinados casi con exclusividad a sostener la Caja Previsional local), la parálisis generalizada de los envíos no automáticos, sumada a la retracción de la coparticipación federal, consolida un escenario de extrema gravedad para el financiamiento básico del interior argentino.
El promocionado equilibrio fiscal del Gobierno nacional continúa sosteniéndose sobre una política sistemática de desfinanciamiento hacia los distritos del interior. Durante el mes de junio, las denominadas transferencias no automáticas —aquellos fondos discrecionales que la Nación envía por fuera de la ley de coparticipación para obras, educación y asistencia social— sufrieron una poda real del 87,7% en comparación con el mismo mes del año 2025.
El informe económico revela que se trata del peor registro para un mes de junio desde, al menos, el año 2005. En total, las 24 jurisdicciones del país debieron repartirse la magra suma de 48.300 millones de pesos, de los cuales más de la mitad se asignó al programa de Universalización de la Jornada Extendida y el remanente se atomizó en obras de saneamiento básico y asistencia previsional. La drástica reducción obligó a los gobernadores a reestructurar sus presupuestos de urgencia para garantizar los servicios esenciales.
Corrientes en el mapa del recorte: Sostener la Caja Previsional
El desglose por distritos ubicó a la provincia de Buenos Aires en primer término con la recepción de 13.159 millones de pesos, seguida por Corrientes con 5.014 millones y Santa Fe con 4.583 millones. Sin embargo, los analistas advierten que la aparente posición de beneficio para nuestra provincia es ficticia: casi la totalidad de esos 5.014 millones de pesos enviados por la Nación se explicó exclusivamente por transferencias destinadas a cubrir el déficit de la caja previsional provincial, una obligación legal que el Estado central no puede eludir sin activar severas demandas judiciales.
Por fuera de este ítem previsional, el flujo de recursos discrecionales para infraestructura escolar, salud o seguridad en territorio correntino fue prácticamente nulo. Esta sequía financiera se agravó drásticamente con la decisión de la Casa Rosada de no distribuir —por segundo mes consecutivo— un solo peso en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el fondo anticíclico que históricamente funcionaba como auxilio ante emergencias financieras de los gobernadores.
El peor primer semestre en dos décadas
La radiografía del primer semestre de 2026 expone la crudeza y planificación del recorte federal. Entre enero y junio, las transferencias no automáticas acumularon apenas 639.589 millones de pesos, consolidando un hachazo real del 61,8% frente al mismo semestre de 2025. Los registros oficiales confirman que este se convirtió en el segundo peor primer semestre de los últimos 21 años, siendo superado en niveles de brutalidad únicamente por el período inicial de 2024.
Para colmo de males, la asfixia no proviene únicamente de las partidas discrecionales. Durante junio, las transferencias automáticas vinculadas a la coparticipación federal también registraron un retroceso en términos reales, golpeadas por la fuerte recesión interna que deprime la recaudación de impuestos coparticipables como el IVA. Al recortar los giros directos y licuar las partidas por ley, la política económica de la administración nacional traslada de forma directa el costo de su programa fiscal a las economías regionales y al bolsillo de los ciudadanos del interior.
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