Por paula Marissich

La expresidenta aseguró que, luego de que anunciara su candidatura, aumentaron las presiones para que la Corte Suprema falle en su contra. El apoyo al correntino “Tincho” Ascúa. Las críticas a Milei.

“Junio es un mes tremendo para el peronismo”, dijo Cristina Fernández de Kirchner desde Corrientes, con la voz firme y la memoria encendida. El mismo mes en que se recuerda los fusilamientos del basural de José León Suarez y las bombas cayeron sobre la Plaza de Mayo, la Corte Suprema movió sus piezas y lanzó una nueva señal de avanzada: rechazó la recusación contra Ricardo Lorenzetti, apenas 24 horas después de que la expresidenta confirmara su candidatura por la tercera sección electoral. “Nos han bombardeado, fusilado, torturado, desaparecido, echado de los aviones. Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Pero no se dan cuenta de que lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo”, lanzó desde Paso de los Libres con filo histórico y tono desafiante. Su llamado a “no llorar sobre la derecha derramada, sino a volver a organizarnos” resonó como un mandato, una brújula política en tiempos decisivos.

El mensaje de Cristina en Corrientes no fue solo un acto de campaña. Fue un mandato. A la dirigencia, a la militancia, a la sociedad. También una advertencia directa a quienes buscan dejarla fuera de la contienda electoral. Una intervención de alto voltaje político: Un llamado a ordenar fuerzas, salir del repliegue y volver a disputar en clave colectiva. Con coraje, propósito y decisión. “Cuando el coraje y la valentía además se hace propósito, estamos frente a la organización y a la decisión política de transformar las cosas peleando lo que hay que pelear. Y esto, y esto es un poco lo que también me trajo aquí”, dijo al comenzar.

“Tenemos que tener en claro que nuestra obligación, como militantes nacionales y populares, es la de no llorar sobre la derecha derramada, sino de volver a organizarnos”. Lo mismo —según supo este diario— les había dicho en privado el jueves por la noche durante una cena reservada a intendentes de su confianza. Allí, Cristina fue directa: les pidió que “sigan hablando con Axel por la unidad”. El mensaje fue claro y la señal política, también.

Las críticas también recayeron —aunque de modo indirecto— sobre los gobernadores que desdoblan sus elecciones y se repliegan en sus territorios. Este domingo habrá elecciones en la provincia de Misiones. “Todas las veces que los argentinos vivieron bien no fue por mérito de ningún gobernador, sino por un proyecto nacional. A ver si se avivan, giles, de una buena vez. A ver si entienden que es necesario construir un proyecto nacional”.

Estado de alerta y coordinación

En la previa del discurso, el peronismo correntino firmó una Carta Compromiso por la Justicia y la Soberanía Popular, que funcionó como prólogo programático a la intervención de Cristina. Allí se plasmaron cinco líneas de acción: resistir democráticamente cada intento de ajuste, saqueo o represión; denunciar el lawfare como forma de persecución y defender a Cristina frente a cada embate antidemocrático; sostener con firmeza los derechos sociales, laborales y humanos conquistados por el pueblo; construir una alternativa que devuelva dignidad y futuro a las argentinas y argentinos; y levantar, desde Corrientes, una esperanza federal, popular y profundamente democrática. “Organicémonos para defender a Cristina. La patria está en peligro”, dijo la correntina Ana Almirón en la antesala de la llegada de la exmandataria.

Ese mismo sábado, mientras los bombos resonaban en Paso de los Libres, el equipo de Cristina en Buenos Aires activaba contactos con referentes de la comunidad internacional para advertir que el proceso de persecución política estaría llegando a su punto más crítico. Quien tomó la voz fue su abogado, Gregorio Dalbón, que utilizó su cuenta en X para publicar un mensaje en inglés: "La situación institucional en la República Argentina ha alcanzado un nivel crítico que ya no puede ser ignorado por la comunidad internacional", escribió. Y agregó: "El uso inminente del artículo 280 por parte de la Corte Suprema —que permite rechazar recursos sin brindar fundamentos— para cerrar la causa contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sin revisión de fondo equivaldría a un acto encubierto de proscripción política. Esto recuerda el caso de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, pero con un agravante: en Argentina, el lawfare se ha institucionalizado como política de Estado."