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PROVINCIALES
19 de marzo de 2026
El gobierno bloqueó el paro docente en corrientes: los hechos y la realidad de un derecho cercenado
oLo que muchos se negaban a creer, hoy es una realidad asfixiante en Corrientes. La suspensión del paro docente para este viernes 20 no es fruto del diálogo, sino de la aplicación del "garrote" legal del DNU 70/23 y la Ley Bases. Con amenazas de multas millonarias, quita de personerías y descuentos compulsivos, el Gobierno logra imponer una tregua forzada que marca el inicio de la pesadilla laboral que veníamos anticipando: el desmantelamiento del derecho a huelga en nombre de una "modernización" que solo precariza.
Por: Redacción Radio Éxito | Jueves, 19 de marzo de 2026
Los Hechos: Una medida desactivada por la fuerza
Este viernes 20 de marzo no habrá paro. Los gremios SUTECO, AMET y ACDP informaron el acatamiento a la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, el acatamiento no nace del consenso, sino de un pliego de condiciones punitivas que marca un antes y un después en la provincia.
El "Garrote" Económico y Legal : El punto de quiebre para el acatamiento fue la gravedad de las sanciones previstas en el nuevo marco de la Reforma Laboral y la Ley Bases:
Sanciones gravísimas: Amenazas de multas millonarias que buscan vaciar las cajas sindicales y veladas amenazas de descuentos compulsivos a los docentes.
Ataque a la institucionalidad: La advertencia de la quita de personería jurídica, dejando a los trabajadores sin escudo legal
Represión al bolsillo: La implementación de descuentos compulsivos a los docentes que adhirieran, en un contexto donde el salario ya no alcanza para cubrir la canasta básica.
Análisis Político: El inicio de la pesadilla
Desde Radio Éxito veníamos planteando la "teoría de la anticipación". Hoy, lamentablemente, asistimos a su triste comprobación. Lo que iba a ser una jornada de protesta de una contundencia absoluta fue frenada por una arquitectura legal diseñada para el disciplinamiento.
El DNU 70/23, que funciona como una reforma constitucional de facto, ha sido el instrumento utilizado por el gobierno provincial (con el aval de Gustavo y Juan Pablo Valdés) para cercenar el derecho a huelga. Al declarar la educación como un "servicio" y no como un derecho, el Estado se desentiende de su obligación de garantizar salarios dignos y se enfoca únicamente en castigar la protesta.
La realidad que comienza a concretarse: Muchos no querían creerlo, pero la pesadilla empezó. El desmantelamiento de los derechos laborales ya está aquí. Si el mecanismo para reclamar mejores condiciones es bloqueado por multas y amenazas, ¿cuál es el futuro de la educación pública en Corrientes?
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