Por Pablo Dipierri

El gobierno logró una módica victoria en la Cámara de Diputados, gracias a una intervención de último minuto que se disputan Martín Menem y Santiago Caputo para meterle una modificación a la ley que limita los DNU de Milei. Con la abstención de los diputados radicales que conduce Rodrigo de Loredo, más los que responden a varios de los gobernadores de Provincias Unidas, Misiones, Salta y San Juan, el oficialismo pudo introducir un cambio a la ley, que ahora deberá volver al Senado.

El peronismo, de todas maneras, consiguió una mayoría holgada de 140 votos a favor cuando se trató la ley en general, pero no pudo evitar la maniobra que orquestó la Casa Rosada. De todas maneras, este mismo miércoles ya había contactos con el bloque de senadores peronistas para que apuren la revisión de la ley para la próxima semana.

El gobierno buscó que la ley vuelva al Senado, donde el peronismo tiene mayoría para sancionarla, pero la Casa Rosada especula que este nuevo paso estire los tiempos. El cálculo sería que, luego que Milei la vete y el Congreso se disponga a rechazar el veto, ya estaría la nueva conformación de las cámaras y los libertarios tendrían suficiente número para defender el veto.

La ley requería una mayoría absoluta, que implica la mitad más uno de los miembros totales de la cámara, es decir, 129 sobre 257. Pero el artículo 3, el de la discordia, solo cosechó 127 voluntades. El peronismo quedó a dos votos de la sanción definitiva y sufrió el regreso de los tres diputados del tucumano Osvaldo Jaldo a la estrategias de la Casa Rosada.

Antes de proceder a la votación, Rodrigo de Loredo le avisó a Martín Menem que los integrantes de la UCR se abstendrían, postura a la que también suscribieron los cuatro misioneros de Carlos Rovira. Los chubutenses Jorge "Loma" Ávila y Ana Clara Romero, que se ordenan con las instrucciones del gobernador Ignacio Torres, votaron en contra de la ley en alineamiento total con Milei; mientras que Ricardo López Murphy y los lilitos Juan Manuel López, Victoria Borrego y Marcela Campagnoli también se abstuvieron.

El gobierno articuló con los gobernadores votos a favor, abstenciones y ausencias para lograr introducir la modificación. Sorprendió el giro oficialista de los gobernadores de Provincias Unidas que venían construyendo un perfil opositor al Gobierno.

Con el gobierno se plegaron en la maniobra Oscar Zago y Eduardo Falcone, los dos del MID, pese a que habían votado en general la ley. Carlos D'Alessandro y Gerardo Gustavo González también acompañaron a la Rosada. Ambos son miembros de la bancada de Marcela Pagano, quien rechazó la jugada, igual que Lourdes Arrieta.  

También jugó con el gobierno el salteño Gustavo Sáenz, que dispuso la ausencia de sus tres diputados, Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega.

Una caso aparte es el peronista tucumano Osvaldo Jaldo, que volvió a acercarse al Gobierno al disponer que se ausenten los tres integrantes de su bloque Independencia, Agustín Fernández, Elia Marina Fernández y Gladys Medina. 

Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Gustavo Valdés, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora también respaldaron, con las inasistencias del rionegrino Agustín Domingo, el neuquino Osvaldo Llancafilo, el correntino Manuel Aguirre, los entrerrianos Marcela Antola y Francisco Morchio y la cordobesa Alejandra Torres, la jugada de la Rosada.

El santacruceño Claudio Vidal jugó un pleno: mandó a votar en contra de la ley a José Garrido y Facundo Prades, cuando suele pedir que uno vote en un sentido y el otro al revés. Carlos Sadir, finalmente, promovió la abstención de Jorge Rizzotti, que al igual que Antola y Giorgi integra el bloque de Facundo Manes pero responde a su jefe territoriale.

El saldo indica un cerrado apoyo a Milei de parte de los gobernadores de Provincias Unidas y sus pares distanciados del kirchnerismo. Llaryora, no obstante, también mandó a Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge a respaldar la ley.

Con esta jugada, Javier Milei ganó tiempo, merced a la excusa de los legisladores que se oponían a que un DNU caducara si no lo respaldaban ambas cámaras antes que se cumplieran 90 días desde su publicación en Boletín Oficial. Ese fue el artículo que se modificó.

Durante el debate, la massista Mónica Litza negó que la ley fuera "para quitarle las facultades al presidente Milei como estuvieron diciendo para victimizarse", y recordó que el gobierno "tuvo demasiada ayuda". "Dadores voluntarios de gobernabilidad no les faltaron", chicaneó.

Además, Litza repuso los argumentos que desplegó en la discusión en comisiones, cuando en una defensa de Cristina Kirchner que fue quien impulsó la reforma que hoy se intenta desandar, "fue quien menos uso hizo de los DNU".

Miguel Pichetto, por su parte, recordó la situación política del momento histórico en que se sancionó la norma, en 2006. "Había ocurrido recientemente el 2001 y había que darle instrumentos de gobernabilidad a un gobierno que había surgido del 22% de los votos de la primera vuelta. Así que hay que analizar el contexto, los tiempos y la mirada histórica", argumentó. En aquellos años Pichetto estaba alineado con el gobierno de los Kirchner.

Pero el rionegrino argumentó que ahora es necesario desandar esa modificación. "Este modelo de DNU está agotado, es imprescindible volver a recuperar el marco de debate institucional en el Congreso y salir del conflicto institucional, que nos lleva a aumentar el caos", sostuvo.

El rechazo a la modificación fue defendido por la aliada tucumana Paula Omodeo, que acusó al peronismo de promover la "agenda de desestabilización". El libertario Nicolás Mayoraz responsabilizó al kirchnerismo de "generar la mayor inseguridad jurídica". "No pueden a través de una ley modificar el diseño constitucional", afirmó el libertario.

Y se quejó porque la oposición "está instalando el gobierno del Congreso, una suerte de democracia parlamentaria, donde ya no va a ser el Ejecutivo el que tome las decisiones".

El lilito Juan Manuel López, que había presentado un dictamen de minoría, cargó contra el peronismo y los libertarios por igual. "Este presidente corrió una línea del DNU 70/2023", postuló, pero agregó que "Juan Grabois dijo que Axel Kicillof, si es presidente, tiene derecho a su DNU 70".

La posición de la Coalición Cívica será clave cuando Milei vete la ley. Su disidencia podría funcionar como una cabecera de playa para retener voluntades de diputados más permeables a la voluntad de la Casa Rosada, cuando la Cámara de Diputados tenga que rechazar el veto presidencial.

La ley aprobada en general establecía cuatro puntos nodales. Primero, restringe la materia sobre la que rigen los DNU a una sola y, en segundo término, habilita a las dos cámaras a tratar decretos durante el receso parlamentario.

El punto más amenazante para el gobierno que contenía el artículo que la Rosada logró modificar sostenía que para que un decreto se considere aprobado, se exigiría que reciba aprobación del Senado y Diputados, dentro del plazo de 90 días desde su publicación en Boletín Oficial. Así, se eliminaría la sanción tácita. 

Sí quedó en pie otra modificación esencial que vuelve al viejo régimen, previo a la reforma de Cristina Kirchner: basta el rechazo de una sola de las dos cámaras para que el decreto quede derogado. 

Fuente: www.lapoliticaonline.com