Por Veronica Tossutti

La Educación Técnico Profesional (ETP) de Corrientes atraviesa un escenario de extrema preocupación. El anteproyecto del Presupuesto Nacional 2026, presentado por el Poder Ejecutivo, propone suspender el Artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional. Detrás de esa disposición se esconde una decisión que podría dejar sin financiamiento a más de 170 instituciones educativas de la provincia.

Práxedes López, ministra de Educación de la provincia de Corrientes, señaló a El Litoral: “Abarcan todas las escuelas técnicas, agrotécnicas, centros de Formación Técnica y Docente en la provincia. La única solución es que esto no se apruebe”.

El detalle de las escuelas en riesgo

En total, 173 instituciones correntinas que integran el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional (RFIETP) dependen de los fondos establecidos por la norma nacional. Entre ellas, se encuentran 30 Escuelas Técnicas, 13 Escuelas Agrotécnicas y 19 Escuelas de la Familia Agrícola (EFAs), además de instituciones de gestión pública y privada que, con sus subsedes, suman 57 en toda la provincia.

El impacto también alcanzará a 19 Centros de Formación Profesional, 24 Escuelas Técnicas con Formación Profesional y 11 Escuelas Profesionales de gestión privada, que hoy sostienen programas de capacitación, actualización tecnológica y prácticas profesionalizantes, pilares esenciales para la inserción laboral de jóvenes y adultos.

El director general de Educación Técnico Profesional de Corrientes, Jorge Aramendi, advirtió en diálogo con El Litoral: “Esto generaría la imposibilidad de continuar brindando una educación de calidad, debido a que se afectaría una serie de variables que para la ETP son indispensables como entornos formativos, condiciones de higiene y seguridad, trayectorias formativas como olimpiadas y ferias de ciencias, bibliotecas técnicas especializadas y fundamentalmente las prácticas profesionalizantes”. 

La ETP comprende tres niveles fundamentales en el sistema educativo como la educación secundaria técnica y agrotécnica, la formación profesional inicial y continua (que en Corrientes abarca 14 sectores productivos) y la educación técnico profesional de nivel superior no universitario. Todos ellos se verían directamente perjudicados por la eliminación del financiamiento nacional.

El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, creado por la Ley 26.058, garantizaba un flujo constante de recursos equivalente a no menos del 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional. Ese dinero se destinaba a infraestructura, actualización de talleres y laboratorios, capacitación docente y equipamiento. Su administración está a cargo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), en coordinación con las provincias y el Consejo Federal de Educación.

Durante casi dos décadas, este fondo permitió sostener la modernización de la educación técnica argentina y acercarla a las necesidades del mercado laboral y la producción regional. En Corrientes, su impacto fue determinante para el desarrollo de especialidades vinculadas al agro, la energía, la construcción y la industria alimentaria.

El proyecto de Presupuesto 2026, presentado por el presidente Javier Milei, asegura que “el 85% del gasto público será destinado a educación, salud y jubilaciones”. Sin embargo, la suspensión del artículo 52 implica la desaparición del principal mecanismo de financiamiento directo para las escuelas técnicas del país.

Además, el anteproyecto incluye la derogación del artículo 9º de la Ley de Educación Nacional, que establecía un piso del 6% del PBI destinado a educación, y elimina las metas de financiamiento progresivo en ciencia y tecnología. 

Esta decisión podría marcar un retroceso histórico para la educación técnica. Sin esos fondos, se paralizarían obras, se deteriorarían los entornos de aprendizaje y se interrumpirían programas de capacitación que vinculan la escuela con la producción.

Fuente: www.ellitoral.com.ar