Por Eugenia Rodríguez

“Abróchense los cinturones, porque va a haber más reformas”, lanzó el presidente Javier Milei durante su presentación ante la Corporación América, para la que trabajó antes de su incursión en política. La frase sintetiza el rumbo que el Gobierno pretende profundizar: más desregulación, más reducción del Estado y un programa fiscal que consolide el superávit pero a costa de un ajuste sostenido. Esta confirmación reabre un interrogante que atraviesa la discusión fiscal hace tiempo: ¿quiénes son los ganadores y los perdedores del gasto público nacional? La pregunta adquiere especial relevancia en un país donde las exenciones y beneficios tributarios a grandes empresas superan el 3,0% del PBI y, al mismo tiempo, las partidas sociales, educativas y de infraestructura exhiben recortes históricos.

Con la meta oficial de alcanzar un superávit del 1,6% del PBI, el ajuste vuelve a recaer sobre los sectores de siempre. Según cálculos del IARAF, para llegar a dicha meta el gasto no indexado -subsidios económicos, obra pública y salarios estatales- debería caer hasta 16% real interanual en lo que resta del año, un proceso que ya se viene observando: mientras el gasto indexado -jubilaciones, pensiones no contributivas, AUH- creció 17,2% real en los primeros diez meses del año, el gasto no indexado se desplomó 10%, generando un incremento real del gasto primario de apenas 1,7%, el menor del año.

Del otro lado de la balanza, los gastos tributarios -los impuestos que el Estado decide no cobrar- representaron una renuncia fiscal equivalente al 3,5% del PBI. Se trata de beneficios que operan con baja transparencia, sin evaluaciones obligatorias ni plazos definidos, y que en muchos casos favorecen de manera desproporcionada a sectores económicos altamente concentrados. Mientras programas esenciales como vivienda, agua y saneamiento, educación y políticas sociales registran recortes de hasta 80%, estos regímenes se mantienen prácticamente intactos.

Ganadores y perdedores del gasto del Estado

Nuestro país recauda, en gran medida, a costa de exigir más esfuerzo a quienes menos tienen en lugar de a los sectores de mayores ingresos. A su vez, si se mira por el lado del gasto, el panorama es igual de preocupante respecto de quiénes más se benefician con las políticas del Estado. En concreto, tras el cambio de gobierno en 2023, la discusión pública giró en torno al ajuste fiscal y al rol del Estado. La nueva administración nacional puso en debate, sobre todo, la intervención estatal al punto de instalar la idea de la justicia social como causante de la crisis. Bajos esos argumentos el Poder Ejecutivo instaló como eje de su política la obtención de superávit y la reducción de la inflación, pero lo logró a través del mayor recorte del gasto público implementado desde la crisis de 2002 que -no es menor- se alejó de su función de protección del conjunto social para subsidiar, cada vez más, a quienes más tienen.

En ese sentido y tras la premisa del oficialismo de lograr en 2026 “el menor nivel de gasto nacional en relación al PBI de los últimos 30 años”, un aspecto de relevancia tiene que ver con quiénes ganan y quiénes pierden con las decisiones que tomó el Gobierno en este último tiempo: con el diagnóstico explícito de que el Estado es el problema y no la solución, las medidas del actual gobierno libertario llevaron a un recorte del 27% del gasto y activaron el ajuste más sustancial desde la crisis de 2002, mientras extendieron privilegios, exenciones y alivios fiscales a los sectores de poder económico más concentrado.

Por un lado, por primera vez desde el retorno de la democracia, el país funcionó durante dos años consecutivos sin Presupuesto aprobado por el Poder Legislativo. La prórroga presupuestaria se convirtió en una de las herramientas -junto con el uso de facultades delegadas, decretos de necesidad y urgencia y leyes aprobadas por el Congreso- que le permitió al Ejecutivo avanzar en su programa de ajuste fiscal. La distribución de esta reducción no fue uniforme, siendo especialmente afectadas las partidas destinadas a los sectores más vulnerables, y debilitando el carácter progresivo del gasto público. 

De esta manera, un 50% del total del ajuste provino de la disminución de transferencias a Servicios sociales, destacándose el impacto en partidas presupuestarias claves que cayeron significativamente: Agua potable y alcantarillado: -75%, Educación y Cultura: -44%, Vivienda y Urbanismo: -82%, Jubilaciones y Pensiones: -15%, Acompañamiento por situación de violencia de género: -85%.

Por otra parte, la fuerte disminución de la carga tributaria prometida, sostenida en una narrativa que considera que los impuestos son un “robo estatal”, no se concretó hasta ahora. Por el contrario, el gobierno restituyó el pago del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría a los trabajadores y mantuvo su dependencia de los gravámenes al comercio exterior. Sin embargo, en contraste, aplicó cambios que redujeron el principal impuesto nacional al patrimonio -Bienes Personales- y creó regímenes especiales para grandes empresas y personas de altos ingresos: el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), el Régimen de Regularización de Activos (mal llamado “blanqueo”) y el Régimen Especial de Bienes Personales (REIBP). De hecho, el proyecto de Presupuesto 2026 consolida un programa económico que busca profundizar la recesión como ancla, a la vez que ajusta en partidas sociales y productivas en la medida en que refuerza la política tributaria actual que recae sobre los hombros de los trabajadores y sobre el consumo básico de sectores populares. 

En este esquema hay que considerar también los gastos tributarios -impuestos que el Estado decide no cobrar- que representaron una renuncia de recursos estatales del 3,5% del PBI ($35.300.707 millones). Esto equivale al presupuesto de los Ministerio de Economía, Seguridad, Defensa, Salud, Justicia, Interior e Infraestructura y Poder Judicial y Legislativo juntos.

“Se han mantenido las exenciones fiscales a empresas e individuos; que implican recursos equivalentes a más del 10% del gasto público nacional. Lo problemático no es solo el monto de los recursos sacrificados en un contexto de fuerte recorte en el área social, sino que estos gastos ‘indirectos’ continúan operando en condiciones de mayor opacidad que el gasto directo”, explicaron desde el Equipo de Trabajo Fiscal Para la Equidad (ETFE). Según los especialistas, estos gastos carecen de plazos, renovaciones condicionadas o mecanismos de evaluación, lo que limita la transparencia y debilita la rendición de cuentas. “Estas pérdidas afectan la equidad fiscal y la capacidad estatal para sostener políticas públicas, lo que desmiente la supuesta restricción objetiva de recursos: se trata de decisiones políticas sobre qué y a quién financia”, plantearon en un informe reciente.

Algunos gastos tributarios -como la deducción del IVA en alimentos a sectores de bajos ingresos- pueden reducir la desigualdad. Otros, sin embargo, generan fuertes interrogantes, se destacan regímenes como el de Promoción de la Economía del Conocimiento, el de la actividad minera (ley 24.196) y el más recientemente aprobado RIGI. “Que el Estado utilice incentivos fiscales no es en sí mismo problemático, pero sí la ausencia de mecanismos de control, evaluación y orientación alineada con objetivos de desarrollo inclusivo y sostenible” consideraron los investigadores del ETFE y agregaron que “el resultado es más desigualdad, peores servicios públicos, menos transparencia y control democrático”.

En esa línea, realizaron una serie de propuestas para “otro camino de reformas posible”. El listado incluye “redirigir transferencias y corregir inequidades entre AUH, asignaciones y deducciones de Ganancias, crear un sistema previsional inclusivo y sostenible con haberes mínimos ligados a la canasta básica y cobertura universal, pisos mínimos de inversión en obra pública y servicios de calidad con criterios de equidad territorial” así como “transparentar los gastos tributarios a través de publicar beneficiarios, evaluar resultados y eliminar privilegios regresivos”.

Unos pocos beneficiados: el caso Mercado Libre

Si bien la iniciativa de Reforma Fiscal que promueve el Gobierno libertario y que sería enviada al Congreso en las próximas semanas, promete “aliviar” la carga sobre el sector privado, los hechos dejan como resultado una estructura cada vez regresiva.

Un ejemplo claro es lo que ocurre con el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (Ley N°27.506) que originalmente buscaba impulsar nuevas tecnologías, exportaciones y empleo calificado, pero -al igual que su antecesor en software- especialistas advierten que no logra anclar innovación en el tejido productivo local ni orientar al sector hacia actividades de mayor valor agregado. Además, la distribución de beneficios se encuentra altamente concentrada: entre 2014 y 2019, cuatro empresas absorbieron casi la mitad y solo Mercado Libre un quinto del total. Según la Subsecretaría de Ingresos Públicos, en 2025 este régimen implicará una pérdida de recaudación de 0,06% del PIB.

Al respecto desde el ETFE evaluaron que “el panorama de opacidad, escasas exigencias en investigación y desarrollo (I+D) y falta de articulación productiva sugiere que el diseño actual termina premiando a grandes actores sin asegurar impactos amplios ni sostenibles”.

De hecho, recientemente el presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, planteó públicamente la necesidad de mayores regulaciones y cargas impositivas contra las plataformas chinas por considerar que la competencia "no es leal". Sin embargo, datos del Observatorio del Trabajo Informático (OTI) evidenciaron que la firma de Marcos Galperín goza de exenciones impositivas del Estado nacional desde hace 18 años. “Con ingresos netos que superaron los USD 20.000 millones en 2024, recibe también exenciones provinciales y de la CABA. Ello ocurre mientras radica su empresa en una guarida fiscal (Delaware)”, puntualizaron desde el centro de estudios. 

Según consignan en un informe, la empresa recibió USD 373 millones entre 2020 y 2025 en exenciones por la mencionada Ley. Si se suma lo recibido por los 5 años previos (2014-2019) en el marco de la Ley de Promoción del Software, ese número aumenta en USD 121.913.795, totalizando USD 494.913.795.

En esa línea, mencionaron “resulta cuanto menos curioso que la empresa incluya como tributos abonados las retenciones a terceros (o sea, impuestos que pagan sus usuarios)” y destacaron que “se trata de un régimen que pasó de ser de promoción a uno de concentración, y que hoy sabotea su propio desarrollo". Por último propusieron "reformularlo para propiciar la innovación en el entramado productivo, beneficiar a los trabajadores, a las PyMEs y a las economías regionales para que puedan radicarse empresas en sus provincias”, cerraron.

Fuente: www.eldestapeweb.com