Por Javier Lorca

Javier Milei inauguró el nuevo año con un decreto que transforma el sistema de inteligencia argentino y otorga mayor poder y autonomía a los espías. Entre otras funciones, los agentes podrán detener y arrestar personas, una potestad hasta ahora prohibida por ley. Podrán hacerlo, incluso, sin orden judicial. El decreto también dispone que todos los altos funcionarios a cargo de organismos estatales deberán aplicar medidas de contrainteligencia. El Gobierno ultra defendió la reforma y remarcó que respeta “los más altos estándares democráticos”. Pero expertos en derecho y dirigentes opositores denunciaron que implica un peligroso retroceso para las libertades individuales y coincidieron en alertar sobre el surgimiento de “una policía secreta” a las órdenes del Ejecutivo.

Como ya había hecho hace un año y medio, Milei dispuso modificaciones al régimen de inteligencia sin pasar por el Congreso nacional. El último día de 2025 firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se publicó y entró en vigor este viernes.

“El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI”, señaló un comunicado oficial del Gobierno. Bajo ese paraguas, el decreto confirma que a la cabeza del sistema continuará la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), dependiente del Ejecutivo, y crea las agencias de contrainteligencia y ciberinteligencia, entre otras áreas. La SIDE, una de las pocas dependencias del Estado que no sufrió la motosierra de Milei, está a cargo de Cristian Auguadra, quien responde al poderoso asesor presidencial Santiago Caputo.

“Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad”, determina el decreto de Milei en sus primeras definiciones. Aunque sostiene que los organismos del área “no podrán cumplir funciones policiales ni de investigación judicial o criminal”, la normativa asigna nuevas atribuciones a los espías: “En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas”. Es decir, los agentes de la SIDE estarán facultados a arrestar ciudadanos cuando lo consideren adecuado, sin mediar la orden de un juez.

Entre otras modificaciones, el decreto estrecha el vínculo entre los espías y las fuerzas militares. Por un lado, prevé que la SIDE “podrá requerir la asistencia y/o apoyo técnico y/o logístico de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y policiales cuando resulte necesario”. Por otro lado, elimina la dirección de inteligencia militar que dependía del Ministerio de Defensa nacional y transfiere sus funciones y recursos a una nueva dirección creada en el ámbito de las propias fuerzas armadas. Ambas decisiones se suman a la reciente designación de un militar, el teniente general Carlos Presti, como ministro de Defensa, algo que no había ocurrido en el país desde el final de la dictadura militar en 1983.

Un largo apartado de la reforma se refiere a las actividades de contrainteligencia, donde se enumera: “evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos”. La contrainteligencia incluye, según la normativa, “el desarrollo de medidas pasivas, tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales”. Esas medidas, precisa el texto, “deberán ser adoptadas en todo el ámbito del sector público nacional bajo la responsabilidad de los titulares de los órganos y organismos que lo conforman”.

La reforma decretada por Milei fue ampliamente cuestionada por especialistas y organizaciones sociales. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró que la modificación es “inconstitucional y peligrosa” porque “le otorga a la SIDE el poder de una policía secreta que podrá detener personas y un marco legal para vigilar a toda la ciudadanía bajo el más estricto de los secretos”.

Los sindicatos de las centrales de trabajadores de Argentina (CTA) denunciaron que supone “un retroceso gravísimo” y configura “la arquitectura legal para la vigilancia masiva y la persecución política, sindical y social”. El constitucionalista Daniel Sabsay, profesor de la UBA, señaló que no hay ni había “ni necesidad ni urgencia en el DNU que modifica el sistema de inteligencia” y que, “entre otras aberraciones”, “concede facultades extraordinarias al presidente”. Para Andrés Gil Domínguez, doctor en Derecho, el decreto es “no solo es la reafirmación autocrática e iliberal del Gobierno de Milei, sino también el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo”.

Dirigentes y legisladores de diferentes partidos opositores, desde el peronismo hasta la izquierda, reclamaron que el decreto sea rechazado por el Congreso y que cualquier reforma se realice mediante una ley, con debate previo.

Desde el kirchnerismo, hoy la principal fuerza de oposición a Milei, el exinterventor de la SIDE Agustín Rossi destacó que el decreto “transforma a los agentes de inteligencia en policía secreta” y “fortalece la idea de un Estado represor”. Según Leopoldo Moreau, expresidente de la comisión parlamentaria de Fiscalización de organismos y actividades de inteligencia, la reforma de Milei “es un claro retroceso democrático” porque “significa la creación de una policía secreta” y “clausura la posibilidad de la conducción civil de la inteligencia militar”.

El interbloque legislativo Unidos, conformado por diversos partidos de centro, también rechazó el decreto presidencial y exigió que se restablezca el control parlamentario. En un comunicado, advirtió de que la reforma “contradice el consenso construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”.

Fuente: elpais.com